Defensor del Pueblo alerta de debilitamiento de órganos clave para los DDHH

Defensor del Pueblo alerta de debilitamiento de órganos clave para los DDHH

El cumplimiento y el ejercicio plenos de los derechos humanos en el país, durante la gestión 2015, se han visto afectados por el debilitamiento de la institucionalidad,  la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, lo que incide en la disminución de la calidad de la democracia, afirmó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, este jueves, al presentar su Informe sobre el Estado del Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

 “El debilitamiento de algunas instituciones fundamentales como el Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral, así como la crisis profunda y prolongada del sistema judicial, generaron un marco de incertidumbre respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos constitucionales a la justicia e igualdad”, manifestó.

En su informe, presentado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se recuerda el 10 de diciembre, y que contempla 25 puntos, Villena destacó que se han visto avances en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. La autoridad defensorial, reconoció avances importantes reflejados en una participación igualitaria en los órganos deliberantes de los Gobiernos Departamentales y Municipales en todo el país, sin embargo, indicó, estos logros aún se ven empañados con el sostenimiento de la ideología patriarcal, el incremento de la violencia, los feminicidios y la discriminación en razón de género.

Entre 2008 y 2012, cuando aún no se tipificaba el feminicidio como delito, se identificó un total de 335 mujeres asesinadas por el hecho de serlo.  En 2014 los feminicidios sumaron 117 casos y hasta el 10 noviembre de este año, hemos identificado 108 casos.

Sobre los derechos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, dijo que éstos han sido vulnerados de manera sistemática, especialmente tras la decisión del Gobierno, de imponer un modelo económico extractivista en sus territorios, a costa de su prerrogativa para decidir sus formas de desarrollo y a ser consultados sobre las medidas que puedan afectarles.

 “Esta afectación se ha expresado también en la impunidad en el caso Chaparina, la represión en Takovo Mora y en la división de sus organizaciones, la injerencia partidaria en sus instituciones, la discriminación y estigmatización, el incumplimiento del pluralismo jurídico y la falta de voluntad política para aprobar la Ley de Consulta Previa”, manifestó.

Sobre las niñas, niños y adolesce ntes, dijo que la violencia creciente y transversal, que afecta principalmente su vida e integridad, se expresa en las cifras de infanticidios y violencia sexual, se ha constituido en uno de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos y, desde las instituciones del Estado, no hay señales claras para enfrentarla.

Señaló que la violencia sexual es el peligro más grave sobre adolescentes mujeres y niñas.  De los delitos contra mejores de 18 años, el 90% es violencia sexual y de estos, el 95% afecta a niñas y adolescentes mujeres. De 4.366 causas por violación solo el 8% tienen sentencia. El 85% de las víctimas de trata y tráfico son mujeres y menores de edad.

En el tema de derechos laborales, según dijo, éstos no se ejercen de manera equitativa y universal. Además continúan denunciándose hechos de violencia y presión contra periodistas, que no son investigados ni sancionados, y persisten las reacciones desproporcionadas del gobierno frente a la crítica y al disenso, tanto de instituciones como de Organizaciones de la Sociedad; la falta de transparencia y los graves hechos de corrupción evidenciados en instituciones como la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Fondo Indígena, develan preocupantes vacíos en los mecanismos de control del Estado y en la eficacia del Control Social, y generan mayor desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía.

Observó, que el derecho a la salud no está aún garantizado y los esfuerzos gubernamentales, con la aplicación de planes y medidas de emergencia, no generan soluciones estructurales y sostenibles para mejorar el acceso, la calidad y la calidez en los servicios, ni para responder a la creciente demanda de la población.

 Villena, no obstante, destacó aspectos positivos en la disminución de la violencia estatal en los conflictos sociales, lo que muestra una mayor capacidad de las instituciones responsables para gestionarlos, aunque dijo que preocupa que continúen los linchamientos, y que persistan las denuncias de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos ejercidos por miembros de la Policía.

 También resaltó  avances muy importantes en la educación, especialmente referidos al acceso, la igualdad y la interculturalidad; logros sustantivos para disminuir la desnutrición, la pobreza extrema y el hambre, así como para erradicar enfermedades endémicas.

 ALGUNAS CIFRAS

 En esta gestión se registraron 478 conflictos en el país.  144 personas resultaron heridas y seis fallecieron como consecuencia de conflictos sociales en este periodo.  En similar periodo  de  2014, se registran 504 conflictos.

 El aborto y el cáncer uterino están afectando  de manera grave y creciente a las mujeres.  (650 mueren al año por practicarse un aborto y 4 a 5 mujeres mueren por día por cáncer uterino); avances significativos en participación política (51% de concejales titulares en el país son mujeres), pero no hay ni una sola gobernadora, solo hay 27 alcaldesas de 339 alcaldías y también hay altas diferencias en las Presidencias de las Comisiones de Senadores y Diputados.

Hay una leve pero importante disminución en el hacinamiento carcelario (de 202% a 171%) y detenidos preventivos (de 82% a 78%), pero las cifras siguen siendo intolerables y las condiciones en que viven continúan siendo inhumanas.

Pese a que hay un incremento de las personas infectadas con VIH, no hay apoyo del Estado en su tratamiento y los costos son inmanejables.  Además se continúa con la discriminación y el rechazo social que afecta su derecho a la educación y empleo.

En educación se siguen reportando avances significativos en términos de matriculación, igualdad hombre-mujer, tasa de abandono y permanencia. La cantidad de alumnos por cada maestro bajó de 26 en 2000 a 20 en 2014.

En salud, menos de 4 de cada 10 personas en el país tienen la cobertura de algún seguro de salud; la Cumbre de salud sigue pendiente; hay problemas en infraestructura, especialmente de hospitales que tienen muchos años de servicio; falta de equipos, sobresaturación de demanda y dificultades para responder; 4 millones de personas cuando están enfermas acuden a farmacias, se auto medican o recurren a soluciones caseras.

El empleo de mala calidad o precario en Bolivia se amplió por el incremento del sector informal, que llega a 70% de los ocupados

El área de justicia refleja los más graves problemas. Hay 516.000 causas judiciales en mora; el propio Consejo de la Magistratura identificó a unos once consorcios de corrupción que operan  en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; según OACNUDH la justicia adolece de escasa cobertura, altos índices de rezago judicial, impunidad, poca confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, falta de acceso a la justicia, escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso

En cuanto a la libertad de prensa, en 2015 ocurrieron 15 agresiones físicas y atentados a periodistas y 13 denuncias de agresiones verbales; 3 periodistas fueron detenidos y siete casos de censura y restricciones a la libertad de opinión y expresión

En relación al derecho a la vida y la integridad, en la gestión 2015 se han identificado  32 casos de linchamiento e intento de linchamiento, de los cuales 5 terminaron en muertes, 27 resultaron heridos, 15 sufrieron golpes  y 8 fueron protegidos en las celdas policiales

La Policía ha reportado graves casos de corrupción, denuncias de violencia y tratos degradantes.  Tan solo en los medios se han publicado 38 casos de violencia y abuso de la policía e incluso se han reportado dos casos más de muertes en celdas policiales.